Mediterráneo occidental y terrorismo global: ¿qué desafíos? ¿qué respuestas?

El terrorismo relacionado de uno u otro modo con Al Qaeda que se encuentra establecido en la ribera sur del Mediterráneo occidental proyecta también su amenaza hacia el Norte, hacia el espacio de la Europa meridional. En este sebtido, la lucha contraterrorista de la UE, en cooperación con el Magreb, a fin de obtener los rendimientos perseguidos, se beneficiarían de una mayor legitimación imbricándose en un programa ideado para implementar en el norte de África la estrategia global contra el terrorismo de Naciones Unidas.

El actual terrorismo global, es decir el terrorismo que está relacionado directa o indirectamente con Al Qaeda, sigue siendo una amenaza común al Mediterráneo Occidental. Aunque su significado varía notablemente de una a otra orilla, oscilando entre la definición que de dicho fenómeno se hace como problema de seguridad interior en las democracias liberales del sur de Europa y el factor de inestabilidad política en que puede llegar a convertirse para los regímenes del norte de África. Tampoco los avatares de dicha violencia son uniformes, ni siquiera en cada uno de esos ámbitos. En Argelia, por ejemplo, los atentados resultan especialmente frecuentes y, en los últimos años, una porción más que significativa de los mismos son de carácter suicida y considerablemente letales. En Marruecos, Túnez y Libia, pese a que no ocurre así, sus respectivos servicios de seguridad han desarticulado recientemente un buen número de células o redes terroristas, deteniendo a centenares de individuos. Nada tiene de extraño que algunas de estas operaciones policiales hayan impedido otros hechos que podrían haber sido tan cruentos como los de 2002 en Yerba o los de 2003 en Casablanca, por aludir a los más relevantes. Mientras tanto, el escenario del terrorismo global se extiende desde los aludidos países del Magreb hacia otros situados más al Sur, ya en la franja del Sahel, como Mauritania, Mali o Níger.
Al mismo tiempo, ese terrorismo relacionado de uno u otro modo con Al Qaeda que se encuentra establecido en la ribera sur del Mediterráneo occidental proyecta también su amenaza hacia el Norte, hacia el espacio de la Europa meridional. Y es que no sólo afecta a ciudadanos e intereses de Francia, España o Italia en la región norteafricana. Implica una amenaza para esos tres países en el interior de sus respectivos territorios nacionales e incluso para otros más septentrionales del mismo continente, como Bélgica, Países Bajos o Dinamarca. No en vano, una mayoría de los individuos que han sido detenidos durante los últimos años en el sur de Europa por actividades relacionadas con el actual terrorismo global tenían orígenes o conexiones magrebíes. Aun cuando estaban implicados sobre todo en la movilización de recursos humanos y económicos que trasladar al norte de África o a otras zonas, los hay que preparaban atentados en suelo europeo. Ocioso es recordar que la gran mayoría de los implicados en los ocurridos el 11 de marzo de 2004 en Madrid eran magrebíes. En los casos español e italiano se trata sobre todo de marroquíes, argelinos o tunecinos que por lo común son inmigrantes de primera generación. En el caso francés, a esa categoría de personas se añaden sus descendientes, las llamadas segundas o terceras generaciones.
Al Qaeda en el Magreb y sus limitaciones
A uno y otro lado del Mediterráneo Occidental, entre los actores del terrorismo global que se desenvuelven por la zona sobresale la conocida como organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico (Qaida al Yihad fi Bilad al Maghrib al Islami). Esta entidad surgió como tal a inicios de 2007, a partir del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), a su vez escindido hacia 1998 del Grupo Islámico Armado (GIA) que se había formado al comenzar la década de los noventa. Este último mantuvo, durante ese tiempo, una relación complicada con la entonces emergente Al Qaeda, pero el GSPC terminó por fusionarse con ella, mediante un acuerdo de mutua conveniencia cuya negociación se demoró cerca de un año, tras haber internacionalizado de manera progresiva su agenda, inicialmente argelina, hasta adoptar otra panislámica. Una trayectoria debida en buena medida a los estrechos vínculos mantenidos por el GSPC con la extensión iraquí de la estructura terrorista que lideran Osama bin Laden y Ayman al Zawahiri, cuando su dirigente era el jordano Abu Musab al Zarqaui. Inmediatamente después de que aquel grupo se convirtiera en el cuerpo central de la nueva rama norteafricana de Al Qaeda, se hicieron evidentes algunas alteraciones en el procedimiento de ejecución de sus atentados, entre las que destaca la introducción del terrorismo suicida.
En junio de 2007, dos meses después de la espectacular serie de atentados perpetrados el 11 de abril en Argel y en cuya ejecución quedó constancia del nuevo repertorio de violencia terrorista adoptado por Al Qaeda en el Magreb Islámico, su líder, Abu Musab Abdeluadud, dijo que dicha organización “fue creada para ensalzar la palabra de Dios y el Estado del Corán y para liberar a los pueblos del Magreb del puño de corruptos, tiranos y traidores, reconstruyendo la sociedad sobre la base de la justicia, la religión y la moralidad, lo que conducirá a la unidad espiritual, geográfica y política, acabando con la división y las diferencias”. Y, tras ese enunciado de sus objetivos tanto islamistas como panmagrebíes, continuaba con estas palabras: “la unidad de los muyahidin del Magreb Islámico junto con los de Oriente, bajo un mismo estandarte y un mismo emir, constituye una importante iniciativa histórica con la que los muyahidin han conseguido algo de gran interés estratégico que teme Occidente, y las consecuencias de ello pueden ser determinantes de cara al futuro del combate entre Occidente y el Islam”. La retórica de Al Qaeda en el Magreb Islámico ha insistido desde entonces, mediante numerosas proclamas emitidas a través de Internet, en un programa de actuación de ámbito preferentemente regional pero enmarcado en la estrategia global liderada desde Al Qaeda.
Ello supone, por una parte, que en su punto de mira están principalmente los actuales regímenes norteafricanos, a cuyos mandatarios de mayor rango critica de manera reiterada e implacable. Por otra, que las sociedades de los países magrebíes constituyen su población de referencia, respecto de la cual aduce desarrollar sus actividades y de la que espera recibir apoyos. Ahora bien, en un comunicado de febrero de 2007, Al Qaeda en el Magreb Islámico señalaba ya como sus “verdaderos enemigos” a “la alianza del mal de los judíos, los cruzados y sus esclavos los apóstatas y quienes les ayudan”. En enero de 2009, su emir hablaba de golpear “los pilares de la alianza satánica, compuesta de judíos, cristianos y renegados”, recordando la impronta a la vez takfir y antioccidental de su ideario. Esta segunda orientación tiene obvias implicaciones para ciudadanos e intereses extranjeros, en especial –aunque no sólo– europeos, americanos e israelíes, en torno al Mediterráneo Occidental, como ha quedado ya de manifiesto con suficientes hechos. Eso sí, la extensión norteafricana de Al Qaeda ha heredado de su antecesor, el GSPC, una especial hostilidad hacia Francia –descrita en junio de 2009 por el líder de aquella como “madre de todos los males”–, donde hay fundadas razones para temer que intente cometer algún atentado suicida. Pero sus muestras de animadversión hacia España y los españoles no son menos notables.
Sin embargo, Al Qaeda en el Magreb Islámico, pese a haber perpetrado alrededor de media docena de atentados al mes desde su constitución, no se ha convertido en la organización panmagrebí que pretendía. Es innegable que su influjo se deja sentir en toda la región y que buena parte de su potencial de desarrollo permanece, pero operativamente sigue confinada dentro de las fronteras argelinas, donde ha tenido lugar la inmensa mayoría de aquellos actos de terrorismo. Más allá de esa demarcación, donde la extensión norteafricana de Al Qaeda pugna por sobrevivir a la ofensiva del gobierno argelino contra sus bases en la Kabilia y Boumerdes, sus logros fundamentales se refieren al mantenimiento de unas infraestructuras saharianas para el adiestramiento de las que ya disponía el GSPC, la articulación –tampoco del todo novedosa– de unas pocas células adscritas en las que se integran súbditos de otros países de la región y el aprovechamiento de determinadas condiciones favorables al secuestro con fines económicos de transeúntes occidentales. El éxito de Abu Musab Abdeluadud y los suyos en amalgamar excedentes de otros grupos armados magrebíes de similar orientación ideológica, hoy virtualmente extinguidos o en franca decadencia, ha sido limitado. Hasta los dirigentes del Grupo Islámico Combatiente Libio optaron en noviembre de 2007 por integrarse en Al Qaeda –en cuyo directorio se situaba ya alguno de ellos– y no en la rama norteafricana de dicha estructura terrorista, cuyo liderazgo es aún exclusivamente argelino.
Además, las víctimas de Al Qaeda en el Magreb Islámico son básicamente argelinas y por añadidura mahometanas, ocasionadas tanto en ataques contra policías o militares del país en que opera preferentemente dicha organización terrorista como en el conjunto de atentados suicidas que sus militantes cometen en entornos urbanos, donde a menudo ocasionan muertos o heridos entre civiles circunstantes. Ésta es una realidad que parece haber incidido muy negativamente sobre la imagen de la extensión norteafricana de Al Qaeda entre quienes los terroristas consideran como su población de referencia, en Argelia y en el resto del Magreb, suscitando controversias que se han trasladado a páginas de Internet que atraen a adeptos de la ideología del terrorismo global. Pese a que los dirigentes de esa organización terrorista insisten en justificar el asesinato de aquellos primeros, al calificarlos como renegados o traidores y, en reacción a las críticas recibidas, vienen pregonando mensajes semejantes al difundido en mayo de 2007, en el cual advertían de “que los musulmanes no estén cerca ni de instituciones gubernativas ni en especial de las relacionadas con la seguridad, ya que podrán ser blanco de los muyahidin, y que no se mezclen con los apóstatas y responsables públicos, alejándose de los lugares en que haya extranjeros, ya sean diplomáticos, del ámbito de los negocios o del turismo”.
Contraterrorismo y cooperación regional
Los países del sur de Europa en los que se constata la amenaza inherente a Al Qaeda en el Magreb Islámico disponen de estructuras de seguridad interior razonablemente bien preparadas para afrontarla, aunque no sean infalibles. En Francia desde los atentados que el GIA perpetró en París y otras localidades en 1995, en Italia a partir del 11 de septiembre de 2001 y en España tras lo sucedido el 11 de marzo de 2004. Una buena parte de sus medidas respecto al actual terrorismo global se han europeizado en los últimos años, equilibrando los requerimientos de seguridad que exige ese desafío con la salvaguardia de las garantías legales y la protección de los derechos humanos propios de las democracias liberales, pero reforzando al tiempo los mecanismos intracomunitarios de cooperación internacional. En los regímenes del norte de África la situación política es bien distinta, las iniciativas contra el terrorismo son habitualmente desproporcionadas, la elaboración de estrategias a medio o largo plazo para incidir sobre las condiciones sistémicas propicias a la radicalización violenta es aún muy incipiente, aunque de gran interés en algún caso, y la cooperación entre los países de la región es francamente deficitaria, especialmente entre Argelia y Marruecos. Algunas iniciativas recientes, como la auspiciada por las autoridades de Mauritania en febrero de 2009 –reuniendo a responsables de los servicios de inteligencia argelinos, marroquíes, tunecinos y libios–, o el acuerdo en materia de lucha contra el terrorismo suscrito por Argelia, Libia y Mali en julio de este año, indican, sin embargo, que este estado de cosas puede revertirse.
Francia, España e Italia, han desarrollado por separado una cooperación antiterrorista con distintos países del Magreb y también del Sahel, de índole bilateral –la fórmula preferida para ese tipo de cuestiones–, que oscila entre mejorable y excelente según los casos. Empero, disponen de procedimientos formales y foros informales a través de los cuales promover, individual al igual que colectivamente, una efectiva cooperación bilateral y multilateral entre las autoridades estatales del norte de África para las que, tanto la extensión territorial de Al Qaeda que opera en la región como otros grupos afines o células y redes independientes pero inspiradas por el mismo ideario extremista, suponen en la actualidad un serio motivo de preocupación. En esta línea, el Código de conducta en la lucha contra el terrorismo, aprobado en 2005, en Barcelona, por los países del Partenariado Euromediterráneo, entre los cuales se incluyen los de la cuenca occidental, fue no sólo un texto inédito sino un jalón más que reseñable a la hora de fijar un marco de referencia, acomodado en sus contenidos y en el discurso a un enfoque europeo, para fomentar y ampliar la colaboración internacional frente a una amenaza que, al menos en su expresión global relacionada con Al Qaeda, pasaba a ser entendida como común. Ahí están los proyectos, especialmente en asuntos de índole técnica, puestos en marcha en los últimos años.
En este mismo sentido, la Estrategia Contra el Terrorismo aprobada en diciembre de 2005 por la Unión Europea, a la que pertenecen aquellas tres naciones situadas en su frontera meridional, menciona ya explícitamente y como algo vital la necesidad de cooperar en materia de seguridad con los países del norte de África y los considera destinatarios preferentes de asistencia. Un nuevo programa trianual adoptado por la Comisión Europea en abril de 2009 para combatir el terrorismo incluye asimismo como una de sus prioridades apoyar las capacidades antiterroristas de los países del Sahel. Éstas y otras decisiones acompañan los conocidos esfuerzos de Estados Unidos en la región. Pero han de tener presente que persiguen intercambios con interlocutores de regímenes donde las garantías jurídicas y el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo no se corresponden con los de las democracias, y ésta es una circunstancia que, según la experiencia acumulada, suele resultar contraproducente para prevenir y combatir ese tipo de fenómenos. En cualquier caso, son decisiones europeas de signo comunitario que, a fin de obtener los rendimientos perseguidos, se beneficiarían de una mayor legitimación imbricándose en un programa ideado para implementar en el norte de África la estrategia global contra el terrorismo de Naciones Unidas.

Fernando Reinares Nº23 - Otoño 2009
Catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos y director del Programa de Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano. Madrid.